Que entró en vigor el viernes -9 de marzo-, acarreará una paralización de la licitación de obras públicas en España como consecuencia del retraso que acumulan muchas administraciones en la adaptación de los pliegos de contratación a la normativa. Los mayores riesgos se centran en los ayuntamientos y diputaciones, cuyas licitaciones ascendieron a 5.101 millones. Muchas de las administraciones locales no han comenzado a elaborarlos y, además, en el sector se duda de la capacidad de muchas de ellas para adaptarse, por ejemplo, a la contratación electrónica. Fuente: Síntesis Diaria,...