Las razones son claramente variadas (limitado retorno de la inversión, dificultades administativas, acceso reducido a financiación, etc.) Pero, sin duda, la normativa fiscal actual y su interpretación por parte de la Administración puede resultar no todo lo favorables que sería deseable para  promover una mayor inversión por parte de las empresas. La Administración tributaria ha venido denegando a las empresas investigadoras la inclusión en su base deducible de una parte significativa de los gastos necesarios para la actividad de los centros investigadores y tecnológicos. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 2 de febrero, ha venido a sentar un precendente alentador: es correcta la computación de todos aquellos gastos de apoyo y/o generales que resulten indispensables e inherentes a la actividad de I+D+i y, por tanto, los gastos relativos a los centros investigadores cuya inclusión en la base de la deducción  cuestionaba la Administración. Esta sentencia rompe claramente una lanza a favor de los contribuyentes que deciden invertir en I+D+i, y viene a alinear en cierta medida el incentivo fiscal con el de otros países de nuestro entorno. Fuente: Síntesis Diaria,...