que impulse la implantación de electrolineras y cargadores para los vehículos de propulsión eléctrica por toda España. No ha querido dar detalles de la nueva normativa ni si ésta contemplará, como pide el sector de automoción, la declaración de este tipo de instalaciones como “de utilidad pública”, para rebajar la complejidad burocrática que en estos momentos desincentiva las inversiones privadas.