Es una normativa compleja, minuciosa y prolija. “Las directrices impuestas por Europa se han hecho sin criterio de la realidad española”, opinan los juristas. El texto exige que la Administración publique en un portal de Internet y por vía telemática las licitaciones. Sin embargo, en España hay 400 ayuntamientos que no tienen ordenador y 800 sin conexión a Internet. Hay muchos servicios públicos necesarios que quedarán desiertos porque el riesgo operacional es demasiado grande como para asumirlo”. Alerta de que frenará la financiación de la Administración.

Fuente: Síntesis Diaria, S.L.