Entre las que se incluye la revisión de la amnistía, supone un ingreso total de 7.000 millones entre 2017 y 2020, una cantidad que se prevé que sea  de 1.000 millones en 2017. El Pacto exige que los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 tributen efectivamente al tipo del 10% establecido en la normativa que lanzó el proceso en lugar del 3% que al final reclamó Hacienda. Otras de las medidas de lucha contra el fraude que prevé el pacto es la que insta al nuevo Gobierno a crear una oficina de control fiscal de grandes fortunas con el fin de que la AEAT controle a las personas físicas con grandes patrimonios, como ya hace con las grandes empresas. La proposición también promueve más control para las Sicav para que sólo puedan beneficiarse de su tributación del 1% y no del 25% si realmente son un vehículo de inversión colectiva.

Fuente: Síntesis Diaria, S.L.