entre Gobierno y organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA), que celebró su primera reunión. El proyecto de presupuestos Generales del Estado para 2020 incrementará la dotación de fondos públicos para facilitar la contratación de esta herramienta clave para los productores en casos de pérdida de producción por las adversidades climáticas. La segunda medida planteada es la modificación de la ley de cadena agroalimentaria, que data del año 2013, para que contemple una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas, la regulación contra la destrucción de valor de los productos agrarios a lo largo de la cadena (venta a pérdidas), la obligatoriedad de la inclusión del coste de producción como factor de referencia para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios, y la publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y ganaderos.

Fuente: Síntesis Diaria, S.L.